- Parlamento La comisión de la Faffe, un camino tortuoso y, ahora, de final incierto
- Tribunales El juez del 'caso Faffe' cerca a los enchufados del PSOE y cita a otros 21 imputados en la causa de corrupción
A la tercera, ¿va la vencida? Por tercera legislatura consecutiva, el Parlamento andaluz tiene previsto reactivar de nuevo la comisión de investigación sobre la Faffe, la polémica fundación pública creada en la etapa de Chaves para formar parados, pero que se convirtió en un nido de corrupción. Desde las juergas en prostíbulos costeadas con dinero público -un caso ya juzgado y condenado por la Audiencia de Sevilla- hasta un sinfín de enchufes y contratos irregulares de los que se beneficiaron familiares y allegados al socialismo andaluz. Este asunto lo está investigando desde hace nueve años por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
El PP ha anunciado este miércoles que pedirá que la comisión del Parlamento de Andalucía que investiga las irregularidades en la Fundación Andaluza para el Empleo (Faffe) incorpore el avance de las pesquisas judiciales, con la idea de que comparezcan ante ella todos los investigados -antes imputados- en esta causa. Como viene informando EL MUNDO, la Justicia investiga ya a 84 presuntos enchufados en esta fundación convertida en una especie de "agencia de colocación" del PSOE.
La comisión de investigación sobre la Faffe comenzó su andadura en el Parlamento andaluz en septiembre de 2018, en la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Sin embargo, nació prácticamente muerta porque ésta quedó automáticamente disuelta cuando Díaz adelantó las elecciones al mes de diciembre de 2018. Entonces, no dio tiempo ni a elaborar el listado de comparecientes, aunque el PP esbozó su propuesta que incluía a la entonces presidenta de la Junta. Prácticamente sólo se pudo constituir formalmente.
El segundo intento
El segundo intento de analizar lo ocurrido en la Faffe se produjo el pasado 25 de febrero de 2019, cuando el Parlamento andaluz le dio luz verde a esta comisión de investigación. Fue dentro de los cien primeros días del Gobierno del PP y Ciudadanos que puso fin a casi cuatro décadas del PSOE. Esta investigación era una prioridad del entonces Ejecutivo de coalición presidido por Juanma Moreno, pero lo cierto es que los trabajos nunca finalizaron en esa legislatura.
Ahora, por tercera legislatura consecutiva, el PP pretende reactivar de nuevo esta comisión de investigación. El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha anunciado este miércoles que pedirá que las "novedades judiciales" sobre el caso Faffe se incorporen a la comisión creada en la Cámara andaluza, de manera que "vamos a hacer avanzar la comisión de investigación a la vez que avanza la investigación en los juzgados".
El PP ha tomado esta decisión después de que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla esté estrechando el cerco sobre 84 trabajadores enchufados en este ente público, que fueron alcaldes y concejales socialistas, además de familiares de dirigentes del PSOE andaluz. En un extenso auto conocido este martes, el juez José Ignacio Vilaplana cita como investigados -antes imputados- a 21 exjefes de la Faffe y empresarios y acuerda nuevas diligencias en el marco de la causa por prevaricación y malversación sobre esta fundación.
El juez hace referencia a la contratación de 84 personas, denunciadas con nombres y apellidos por el Sindicato Andaluz de Funcionarios por sus conexiones con dirigentes socialistas. De estos enchufados afirma que hay "serios indicios" de su "irregular contratación" en la Faffe, ya que no se respetaron los "principios de publicidad y libre concurrencia, ni los principios de mérito y capacidad". Además, sus fichajes habrían podido "responder a contraprestaciones por la realización de actos que habrían favorecido determinados intereses políticos o personales", dice el juez.
De todo ello se les preguntará a los 21 nuevos imputados, citados los próximos marzo y abril. Entre los investigados figura Fernando Villén, exdirector de la Faffe y antiguo miembro de la Ejecutiva del PSOE andaluz, condenado ya a seis años de prisión por utilizar dinero público para pagar la cuenta en varios locales de alterne. Esta sentencia de la Audiencia no es firme aún.
Toni Martín ha aclarado que pedirán a la presidencia de la comisión de investigación que se incorporen las nuevas actuaciones judiciales. Los 21 investigados "deben dar explicaciones ante los tribunales por este caso" y "los responsables públicos tendrán que venir al Parlamento a responder de sus actuaciones cuando gobernaban Andalucía", ha apostillado.
Los años de gobierno de los socialistas en la comunidad andaluza son "la foto de la Andalucía más negra, la que gobernó el PSOE con ese afán de enchufar, colocar y aprovecharse de los recursos públicos y que tantos casos de corrupción ha dado", ha añadido Martín.
El boicot de los exaltos cargos
Entre los obstáculos a los que se ha enfrentado la comisión de investigación de la Faffe figura la negativa a prestar declaración del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y de muchos otros ex altos cargos del PSOE en los sucesivos gobiernos, que también dieron la callada por respuesta. Otras, directamente, plantaron a la comisión y se negaron a acudir, como la vicepresidenta María Jesús Montero o, en un primer momento, la ex presidenta Díaz.
Chaves fue citado el 7 de noviembre de 2019. Acudió a la cita, pero se negó a responder a cualquier pregunta de los diputados de los grupos parlamentarias que formaban parte de la comisión y se limitó a leer un escrito que llevaba previamente redactado denunciando la utilización electoralista que, a su juicio, suponía haberle citado sólo unos días antes de las elecciones generales. Los comicios fueron el 10 de noviembre de ese año.
A los problemas de las comparecencias se sumaron algunos más, como los intentos por parte del grupo socialista de bloquear la comisión con peticiones masivas de documentación o parones prolongados, como el provocado por la pandemia del Covid-19.