Se llama Ignacio Monllau Medina y es el preso político español número 13 de Nicolás Maduro. Este joven comerciante de 25 años permanece encarcelado en Venezuela desde finales de febrero, acusado falsamente de conspiración, como el resto de los presos políticos españoles y con doble nacionalidad del chavismo.
Monllau no tiene nada que ver ni con la oposición ni con la resistencia ni con ataques de alienígenas imperialistas llegados para derrocar a Maduro, pero tuvo la mala fortuna de aparecer en la agenda del teléfono móvil de un dirigente perseguido de Vente Venezuela, partido de la líder opositora María Corina Machado. El joven, que trabajaba con alimentos y frutos secos, fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y trasladado a la prisión del Helicoide, uno de los mayores centros de torturas de América Latina. Posteriormente le cambiaron de cárcel.
También en el Helicoide permanece desde hace 14 meses Rocío San Miguel, figura emblemática de la sociedad civil al frente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. San Miguel sufrió el lunes pasado una nueva frustración judicial: en cuatro ocasiones se ha suspendido el inicio de su juicio por razones que sólo se dan en Venezuela, en este caso por "falta de traslado".
Su ex marido, Alejandro González, también padeció la misma arbitrariedad, una de las estrategias del poder revolucionario en contra de los presos políticos. Este gerente ejecutivo aeronáutico de la petrolera estadounidense Chevron, beneficiada hasta hace unos días de la licencia concedida por la administración de Joe Biden para operar en Venezuela, está acusado en el mismo caso de San Miguel simplemente porque fue su pareja.
"Los abogados y los familiares de los dos esperábamos esto. Una vez más se violan todos los derechos y alargan un proceso que no tiene pies ni cabeza. No hay pruebas, no hay hechos. Juegan al desgaste emocional y privan vidas inocentes. Nos sentimos engañados, estafados, burlados una vez más. Han aplazado el juicio hasta el 26 de mayo y ese día seguramente tampoco harán nada", explicó a EL MUNDO Yajaira González, hermana de Alejandro.
Once prisioneros hispanovenezolanos y dos españoles forman parte de la extensa lista de alrededor de medio centenar de presos extranjeros, que se redujo a finales de enero con la liberación de seis rehenes estadounidenses, fruto de los acuerdos alcanzados entre el gobierno revolucionario y Ric Grenell, enviado especial de Donald Trump. Precisamente uno de los liberados ha devuelto la esperanza a la familia de los dos turistas vascos apresados el pasado septiembre con la rocambolesca excusa de su pertenencia al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El estadounidense contactó desde su país con los familiares en Bilbao de José María Basoa y Andrés Martínez, definidos por Maduro como "turistas terroristas", para transmitirles el mensaje que ambos le hicieron llegar en el patio de la cárcel del Rodeo 1, un infierno en la tierra donde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) mantiene a los presos que considera más peligrosos, sobre todo militares y a los extranjeros.
Los gestiones del Gobierno español y de partidos vascos no han fructificado de momento pese a las disparatadas acusaciones del ministro de Interior, Diosdado Cabello, en contra de los "dos terroristas que ponen bombas en su tiempo libre". La izquierda abertzale mantiene excelentes relaciones con el chavismo y especialmente con la cónsul chavista en Bilbao, que para más inri es Glenna Cabello, hermana del número dos de la revolución.
Además de González, Basoa y Martínez, otros dos hispanovenezolanos permanecen en la orwelliana prisión del Rodeo 1, en la que los funcionarios van enmascarados, donde se graban todas las conversaciones y apenas sirven los susurros para trasladar informaciones. Se trata del estudiante Fernando Noya, cuñado de Antonio Sequea, el capitán que liberó a Leopoldo López, y del empresario Uaiparu Guerere, de 69 años, en prisión desde 2023, cuando regresó a Venezuela desde Barcelona por motivos laborales.
El resto de presos españoles se reparte entre los "históricos" y los capturados durante el año electoral. En el primer grupo están Jorge Alayeto, empresario capturado en 2017; María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada por ser hermana de un militar acusado de rebeldía; Ángela Expósito, directora de la ONG Fundanimal, "culpable" por cuidar los perros de otros presos políticos; y Karen Hernández, acusada de formar parte de la Operación Gedeón, el fracasado desembarco de militares rebeldes de 2020.
Y en el segundo, Sofía Sahagún, cuyo delito es la cercanía de uno de sus familiares a Machado, y Montserrat Espinosa, propietaria de una pizzería.